En las últimas semanas, el Gobierno Nacional ha logrado un avance significativo al superar los obstáculos políticos que obstaculizaban la discusión sobre la reforma pensional en Colombia. Entre los puntos clave de esta reforma se encontraba la necesidad de reducir el umbral para la cotización, una medida vital para garantizar la estabilidad del sistema de pensiones a largo plazo. Otro aspecto crucial fue determinar la entidad encargada de administrar los recursos pensionales, una tarea que generó un intenso debate entre los actores políticos y económicos del país.
Ante esta situación, el Gobierno tomó la decisión de ceder el control de los recursos desde Colpensiones y explorar diversas alternativas. Entre estas opciones se contemplaba la posibilidad de crear un nuevo ente para gestionar los fondos, delegar esta responsabilidad al Fondo Nacional del Ahorro, o encomendarla al Banco de la República. Después de un análisis exhaustivo, la opción de que el Banco de la República asumiera esta función fue la que obtuvo mayor respaldo.
Los analistas económicos recibieron con optimismo la aprobación por parte del Senado, el 22 de abril, de que el Banco de la República administre los recursos pensionales. Consideraron que el banco central estaba bien preparado para esta tarea, dada su experiencia en la gestión de diversos portafolios, incluidos el fondo de estabilización y el fondo de ahorro de estabilización de las regalías. La experiencia técnica da una sólida base para administrar e invertir los recursos pensionales de manera eficiente, y ofrece una mayor protección contra posibles presiones de gasto a corto plazo del Ejecutivo.
Es importante destacar que la administración de los recursos pensionales no recaerá directamente en la Junta Directiva del Banco de la República, sino que se llevará a cabo a través de un equipo especializado. Se establecerán principios y criterios de administración claros, y posteriormente se realizarán subastas públicas para asignar la gestión a través de encargos fiduciarios u otras figuras similares. Este enfoque busca garantizar la transparencia y la eficacia en la gestión de los fondos, así como fomentar la participación de actores del sector privado en el proceso.
