El marco regulatorio colombiano para las transacciones entre establecimientos de crédito y entidades vinculadas se encuentra en un proceso de revisión y actualización significativa. Este esfuerzo normativo, liderado por la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), responde a recomendaciones internacionales y busca fortalecer la estabilidad y transparencia del sistema financiero del país.

La necesidad de un marco regulatorio unificado se ha vuelto apremiante debido a la falta de una normativa específica que gestione adecuadamente las transacciones con partes vinculadas. La Ley 1870 de 2017 y el Decreto 1486 de 2018 fueron los primeros pasos hacia esta dirección, estableciendo criterios para la vinculación con conglomerados financieros y políticas para la gestión de conflictos de interés.

Sin embargo, el contexto actual exige una regulación más amplia y detallada. La propuesta normativa incluye la creación de un nuevo título en el Decreto 2555 de 2010, específico para transacciones con vinculados. Esta propuesta no solo se enfoca en los conglomerados financieros, sino que también extiende su alcance a todos los establecimientos de crédito. Uno de los objetivos clave es la gestión efectiva de riesgos y la garantía de decisiones objetivas, evitando conflictos de interés.

La regulación internacional sirve como referencia fundamental en este proceso. Países como Australia, Reino Unido, Argentina, México y Perú han implementado marcos legislativos robustos que promueven la transparencia y el buen gobierno corporativo. La comparación con estas normativas ha permitido identificar mejores prácticas que pueden ser adaptadas al contexto colombiano.

La nueva normativa propone definiciones claras de “vinculados” y establece políticas estrictas para la identificación y gestión de conflictos de interés. Asimismo, se implementarán límites de concentración de riesgos y un monitoreo continuo de las transacciones. Este enfoque busca prevenir la excesiva exposición a riesgos y asegurar la integridad de las decisiones financieras.

Un aspecto crucial de esta reforma es el régimen de transición. Se ha establecido un período de implementación gradual que culminará el 4 de agosto de 2025. Durante este tiempo, los establecimientos de crédito deberán ajustar sus operaciones y sistemas de control a las nuevas exigencias.

El análisis de esta propuesta revela una intención clara de alinear la regulación local con estándares internacionales. La adopción de mejores prácticas globales y la atención a las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero (FSAP) son pasos decisivos hacia la consolidación de un sistema financiero más robusto y transparente. Este esfuerzo normativo no solo fortalece la confianza en el sistema financiero colombiano, sino que también promueve un entorno más competitivo y equitativo para todos los actores del mercado.